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París,
13 de febrero del 2003
En su informe
“Crímenes de guerra en la República Centroafricana”
publicado el día de hoy, la FIDH pone de manifiesto la
responsabilidad penal internacional por crímenes de guerra
del congolés Jean-Pierre Bemba, del mercenario chadiano
Abdoulaye Miskine y del Presidente de la República Centroafricana,
Ange-Félix Patassé.
Una misión
internacional de investigación de la FIDH, compuesta
por Bochra Beladjamida, abogado del tribunal de Túnez,
Eric Plouvier, abogado del tribunal de París y Marceau
Sivieude, miembro del Secretariado Internacional de la FIDH,
permaneció desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre
de 2002 en Bangui, República Centroafricana (RCA), un
mes después del intento de golpe de Estado del general
Bozizé, ex-jefe de Estado mayor del ejercito centroafricano,
contra el régimen de Patassé.
Con el apoyo
de su contraparte, la Liga Centroafricana de los Derechos Humanos
(LCDH), esta misión investigó las ejecuciones,
violaciones, daños físicos y saqueos que sufrieron
una vez más las poblaciones civiles centroafricanas por
el intento de golpe de Estado del 25 de octubre de 2002, hechos
que se vienen produciendo desde ese entonces.
Los enfrentamientos
en la capital entre el 25 y el 30 de octubre del 2002 se produjeron
violando flagrantemente las leyes de guerra inscritas en los
Convenios de Ginebra de 1949. Por otro lado, las represalias
de las fuerzas del gobierno contra los rebeldes y sobre todo
contra la población civil, han sido calificadas por la
misión como crímenes de guerra, competencia de
la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto fue ratificado por
la RCA el 3 de octubre de 2001.
En efecto,
debilitado militarmente por los anteriores intentos de golpe
de Estado (informe de la FIDH – RCA: Entre el discurso
y la realidad, hay un hoyo abierto), el Presidente Patassé,
desconfiado de su ejercito regular (las Fuerzas Armadas Centroafricanas)
que se aliaron en parte a los ex-golpistas, se rodeó,
buscando protección, de un puñado de libios armados,
del apoyo de los hombres del congolés Jean-Pierre Bemba,
y de las tropas del mercenario chadiano Abdoulaye Miskine.
Cuando las
tropas de Bozizé se retiraron hacia el norte del país,
los hombres de Bemba, a quienes había llamado el Presidente
Patassé retomaron el control de los territorios ocupados
anteriormente por los rebeldes. Estos “congoleses”
perpetraron crímenes de guerra contra los habitantes
tomando como pretexto su complicidad pasiva con las tropas de
Bozizé, con el objetivo de constituirse en un “botín”
de guerra. Los encargados de misión de la FIDH recogieron
los testimonios abrumadores de numerosas víctimas civiles
atribuyendo formalmente a los hombres de Bemba saqueos sistemáticos,
violaciones y muertes. Elementos estadísticos permiten
afirmar que estos crímenes fueron muy numerosos.
Por otro
lado, los encargados de misión recogieron testimonios
concordantes y constataron en el lugar de los hechos la existencia
de osarios, lo que les permite afirmar que los días 30
y 31 de octubre de 2002, en el mercado de ganado, situado en
el Puesto Kilométrico 12 en la carretera de Bouali, se
cometieron tres series de asesinatos colectivos, cuyas víctimas
son probablemente personas civiles. Los autores habrían
sido hombres bajo el mando de Abdoulaye Miskine.
Los encargados
de misión de la FIDH concluyen que sí se trata
de crímenes de guerra perpetrados por los hombres de
Bemba, por Miskine y sus tropas, de acuerdo con la definición
de estos crímenes por el artículo 8 del Estatuto
de la Corte Penal Internacional (CPI). La FIDH considera que,
conociendo los hechos, la ausencia de una reacción de
los superiores jerárquicos para impedir crímenes
como éstos o sancionar a sus autores, compromete la responsabilidad
individual penal internacional de Jean Pierre Bemba, de Abdoulaye
Miskine y del Presidente de la República Centroafricana,
jefe del ejercito, Ange-Felix Patassé.
Teniendo
en cuenta la amplitud y el carácter sistemático
de los crímenes cometidos contra la población
civil desde el 25 de octubre de 2002 y la impunidad de la que
gozan sus actores desde entonces, la FIDH ha decidido invitar
formalmente a la Corte penal internacional.
Se trata
de la primera “denuncia” transmitida de esta manera
por la FIDH a esta instancia desde que sus Estatutos entraran
en vigor el 1 de julio del 2002.
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