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París
20 de septiembre 2002
La Federación
internacional de derechos humanos (FIDH) expresa su extrema
preocupación por la violenta represión policial
de manifestantes opositores al actual gobierno de Paraguay,
que reclamaban la renuncia del actual presidente Luis González
Macchi.
El pasado
martes, una manifestación de entre 13.000 y 20.000 personas
promovida por el Frente Patriótico Nacional, fue reprimida
por unos dos mil policías, que desalojaron violentamente
la plaza del Congreso utilizando balas de goma, gases lacrimógenos,
carros lanza-agua y bastonazos, resultando heridas cien personas
y provocando centenares de detenciones.
El hecho
de que el fiscal Alejandro Nissen, quien ordenó el desalojo
con arreglo a la ley del Marchódromo, que establece las
prohibiciones de horarios y lugares para actos y marchas, haya
presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos
Humanos contra la Policía Nacional por sus actos abusivos
constituye una muestra evidente de los excesos ocurridos durante
dicha manifestación.
Dicha represión
debe entenderse en un ambiente generalizado de descontento contra
el gobierno por parte de sectores políticos y sociales,
en particular funcionarios, maestros e incluso policías
y militares que aún no han cobrado sus salarios del mes
de agosto.
En este contexto, un grupo de 34 gremios y organismos sociales
ha anunciado " la mayor movilización de la historia
" el día 23 de septiembre en todo el país.
La FIDH
se encuentra extremadamente preocupada por la proliferación
de la criminalización de la protesta social en el Cono
Sur. Los Estados que no aseguran a su población los derechos
sociales, económicos y culturales y, que recurren a la
represión antes que a la concertanción, aseguran
por esa vía la multiplicación de la violencia
y la desinstitucionalización. La represión política
y social es incompatible con los principios fundamentales que
rigen una democracia y en contradicción con las disposiciones,
tanto internas a estos países, como internacionales que
garantizan la libertad de expresión y de manifestación.
La crisis
Argentina se extiende a los demás países de la
región, el aparato judicial en lugar de ser un dispensandor
de justicia, se ha convertido en un administrador de la impunidad,
ayer frente a los crímenes de lesa humanidad, hoy frente
a la corrupción y medidas de políticas públicas
que rayan con un ejercicio criminal del poder.
La FIDH
acoge con expectativa la evolución de las investigaciones
que deberán esclarecer los hechos ocurridos el pasado
martes y llama al gobierno de Paraguay a garantizar el derecho
a la libertad de expresión y de manifestación,
de manera particular durante las próximas movilizaciones
previstas para el próximo 23 de septiembre.
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