Sr. José María Aznar López
Presidente del Gobierno
Palacio de la Moncloa

París, Ginebra, 19 de septiembre de 2002

Sr. Presidente,

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco de su programa conjunto "Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos" le escriben para expresarle su preocupación sobre el cierre de los locales de dos organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país vasco.

Según las informaciones recibidas, el 27 de agosto del 2002, las sedes de las organizaciones de derechos humanos Torturaren Aurkako Taldea (Grupo Contra la Tortura) y "Etxerat!" (Organización de familiares de presos políticos vascos) en Bilbao, fueron precintadas por la Policía Autónoma Vasca. La policía intervino en función del auto emitido por el Juez de la Audiencia nacional Baltasar Garzón por el que se pedía precintar los locales y suspender la actividad del partido político Batasuna. Sin embargo según nos consta, estas organizaciones están debidamente registradas y se dedican al campo de los derechos de las personas detenidas y encarceladas. Además, en la puerta de las oficinas clausuradas aparecían claramente los símbolos distintivos de ambas organizaciones.

Sr. Presidente,

El Observatorio reafirma que la lucha contra el terrorismo es necesaria en un Estado de derecho para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, las medidas tomadas por los Estados deben ser conformes a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Por ello, nos preocupa el riesgo de asimilar las personas que defienden pacificamente y legitimamente las libertades fundamentales a personas vinculadas al terrorismo. Esta tendencia, resaltada en algunas declaraciones públicas de autoridades del
Estado, pone en peligro las actividades de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que participan en la garantía de un Estado democrático.

También nos preocupa la prohibición, conforme a la misma decisión de justicia, de "cualquier manifestación, ya sea convocada corporativamente, personal, pública o privadamente y que de hecho se refiera a Batasauna" y las consecuencias que esta puede tener sobre el legítimo derecho de manifestar pacificamente, garantizado por la constitución española.

El Observatorio insta a las autoridades españolas a tomar todas las medidas necesarias para que la lucha anti terrorista no se traduzca en un recorte de las libertades fundamentales y que la labor de defensa de los derechos humanos reconocida en los convenios internacionales y en particular en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de Diciembre de 1998 no se vea afectada por las decisiones tomadas en este ámbito.

Conforme al artículo primero de esta Declaración recordamos el deber del Estado de respetar el derecho de toda persona " individual o colectivo, a promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos ".

Por ello, urgimos al Gobierno a asegurar el restablecimiento de los derechos de las dos organizaciones y por consecuente su reapertura, dado que hasta la fecha no han sido objeto de ninguna decisión judicial. También instamos al Gobierno a proteger, en toda circunstancia, el derecho constitucional a manifestar pacificamente.

Confiando en su apego por los derechos humanos, muy atentamente, se suscriben ante Usted,
Sidiki KABA Presidente de la FIDH
Eric SOTTASDirector de la OMCT