París, Nueva York, Dakar, el 3 de octubre de 2001.

Mientras el gobierno estadounidense promueve una amplia cooperación de los Estados - incluso a nivel judicial - para luchar contra el terrorismo en respuesta a los terribles atentados perpetrados en Nueva York y Washington el 11 de setiembre, este mismo gobierno apoya una ley contra la Corte Penal Internacional (CPI), que fue introducida ayer ante el Senado estadounidense.

La ley titulada "Ley de Protección del Personal Militar Estadounidense (American Service Members Protection Act - ASPA):

- Prohibiría toda asistencia militar a la mayoría de los Estados que ratificaron el Estatuto de roma (excepto los países de la OTAN y los principales aliados que no son de la OTAN así como Taiwan);
- Limitaría la transmisión de información sobre la seguridad nacional para los países que ratificaron el Estatuto de Roma de la CPI;
- Se opondría a la participación estadounidense en las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU;
- Autorizaría al Presidente a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados" para liberar a un ciudadano estadounidense detenido por la CPI.

Es cierto que el proyecto prevé la posibilidad -estrictamente limitada- de que tales prohibiciones sean suprimidas por el Presidente estadounidense. Sin embargo, esta ley merece realmente el calificativo de "Ley de Invasión de La Haya ("Hague Invasion Act") con referencia a la sede de la Corte Penal Internacional.

Aunque la ley no fue votada por el Senado, el señor. Jesse Helms, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, está decidido a aprovechar todas las oportunidades legislativas para ponerla de nuevo en el orden del día. Esta ley parece ser parte de un compromiso alcanzado entre el gobierno y los senadores republicanos, de modo que ellos llegarían a un acuerdo sobre la Ley de pagos atrasados de Estados Unidos a NN.UU.

Si se adopta este proyecto, esto sería una ofensa a todas las víctimas que están esperando la instauración de la Corte Penal Internacional, y a todos los Estados que hicieron esfuerzos importantes para contribuir a una lucha internacional eficaz contra la impunidad.

Constituye una verdadera espada de Damoclés, que amenazaría el proceso entero de ratificación del Estatuto de la CPI, y entorpecería muy seriamente el propio funcionamiento de la futura Corte

Al momento de redactar esta nota, 42 Estados han ratificado el Estatuto. Los Estados afectados por la Ley, ya que es posible que no reciban más cooperación militar de los EE.UU., son los que más apoyo necesitan para el proceso de ratificación. Se trata principalmente de Estados de los continentes: africano, asiático y de los Estados árabes.

Por último, en el contexto internacional actual, esta ley se encuentra en perfecta contradicción con la declarada voluntad estadounidense de desarrollar las herramientas de la represión judicial sobre los autores de crímenes terroristas, mientras la CPI tiene como objetivo sancionar a los autores de los crímenes más graves.

Este proyecto de ley inicuo ha de ser simplemente abandonado. En su defecto, el Presidente Bush debe oponerse a su firma. Este es el llamamiento lanzado hoy por la FIDH a las más altas autoridades estadounidenses.