El Buró internacional de la FIDH (Federación internacional de los derechos humanos), instancia dirigente de la organización, reunida en París del 19 al 21 de octubre de 2001, ha hecho público en el día de hoy el comunicado siguiente :

Paris, 20 de octubre de 2001- La FIDH reitera su condena absoluta a los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y reafirma el derecho de defensa frente a tales atentados, de una amplitud sin igual en toda la historia del terrorismo. Igualmente, la FIDH expresa su extrema preocupación acerca de la acción militar de los Estados Unidos en Afganistán.

La FIDH recuerda que la represión de los actos terroristas, aunque necesaria, no debe desvincularse del respeto de los principios universales de protección de los derechos humanos y del marco legal internacional, ya que lo contrario supondría entrar en el juego de los autores de los atentados.

Sin embargo, acogemos con satisfacción la toma de conciencia, aunque tardía, de la naturaleza totalitaria del régimen Talibán. La FIDH considera que la réplica militar constituye en su esencia una operación unilateral de los Estados Unidos, apoyada por sus aliados habituales. En ningún caso se trata de una acción concertada de la Comunidad internacional en el marco multilateral de las Naciones Unidas. Corresponde, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad la adopción urgente de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz y de la seguridad internacional y la contribución a una solución democrática en Afganistán.

La falta de transparencia en torno a la intervención americana ha suscitado numerosas interrogaciones e inquietudes. Por un lado, es inadmisible que las pruebas que implican a la red de Ben Laden y que muestran la complicidad del régimen "Taliban" no hayan sido objeto de debates en el seno del Consejo de Seguridad. Del mismo modo, sería inaceptable que los Estados Unidos decidan unilateralmente ampliar las operaciones militares hacia otros países sin que exista una decisión del Consejo de Seguridad a este respecto. Finalmente, la FIDH debe expresar su extrema preocupación por el sufrimiento de la población civil afgana, que es muy importante a pesar de la existencia de una ayuda humanitaria que se utiliza más bien como coartada. La FIDH promueve la implementación de una ayuda humanitaria masiva e independiente.

La FIDH duda que la naturaleza de la réplica militar se encuentre adaptada a las necesidades legítimas de seguridad de las poblaciones afectadas por el terrorismo en Estados Unidos, así como en numerosos países tanto en el norte y en el sur.

Al contrario, se corre el peligro de iniciar un engranaje de violencias incontrolables, susceptibles de exacerbar los resentimientos de una gran parte de la población de los países del sur contra los Estados Unidos. De este modo, en lugar de contribuir a su eliminación, se contribuiría a la multiplicación de los actos terroristas.

Otro riesgo importante, del que ya se pueden observar ciertas concretizaciones, consiste en que un cierto número de Estados democráticos desarrollen restricciones injustificadas a las libertades públicas bajo pretexto de lucha contra el terrorismo y que Estados autoritarios desarrollen una represión arbitraria creciente.

Es sumamente indispensable actuar con sangre fría y respetando los principios del derecho. Esto implica la detención y el enjuiciamiento de los autores de los atentados del 11 de septiembre por una jurisdicción independiente y imparcial. Si no se desea caer en la trampa tendida por los terroristas, la exigencia de justicia debe prevalecer sobre la tentación de venganza. Los crímenes del 11 de septiembre no debe pues de ningún modo provocar una reacción estrictamente centrada en los problemas de seguridad. Tales acontecimientos deben constituir una oportunidad para iniciar una reflexión en profundidad y una modificación radical del comportamiento de los países más ricos, que debe dejar de inspirarse únicamente por los privilegios e intereses de tales países.

La cooperación internacional buscada (y en gran medida ya obtenida) por los Estados Unidos en el marco de su réplica contra el terrorismo no logrará sus objetivos a menos que no se progrese en el terreno de la legalidad, sobre todo en lo que se refiere a la implementación de la justicia internacional, independiente, mediante el desarrollo de una cooperación judicial más eficaz entre los Estados, mediante una cooperación financiera capaz de luchar contra todos los tráficos y blanqueos y mediante el rechazo de incriminaciones amplias susceptibles de servir de pretexto a represiones arbitrarias motivadas por el peligro terrorista.

En particular, los Estados Unidos no pueden continuar aprovechándose de su hegemonía para dispensarse del respeto de la legalidad internacional, como si ésta última sólo fuese aplicable a los otros Estados.

Se debe pues cuestionar el apoyo de Estados unidos a regímenes opresivos, como por ejemplo, Arabia Saudita y promover la implementación de todas las medidas adecuadas para el cumplimiento de las decisiones de Naciones Unidas, como por ejemplo las que se refieren al derecho del pueblo palestino a crear un Estado viable. Igualmente, Estados Unidos debe dejar de rechazar los tratados internacionales (derechos de los niños, medio ambiente, minas antipersonas, Tribunal Penal Internacional) que pretenden construir un mundo más justo.

Evitar las acciones de los autores de actos terroristas y prevenir la multiplicación de estos últimos no debe limitarse a una acción militar o policial.

Para evitar estas acciones terroristas y para prevenir la multiplicación de atentados, se precisa una respuesta efectiva a las múltiples violaciones de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Tales violaciones constituyen una fuente de desesperación y de fanatismo. Igualmente, también se precisa el establecimiento de regímenes democráticos que substituyan a los regímenes dictatoriales.

La lucha contra el terrorismo no será eficaz sin un proceso de globalización económica que respete las igualdades y que no sea sinónimo de exclusión sino de inclusión no discriminatoria.

La única coalición válida es la de la Comunidad internacional en su conjunto bajo el lema de "todos los derechos humanos para todos".

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