El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su seria preocupación por la continuación de serios actos de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia.
Entre los últimos casos el Observatorio ha conocido que, el 17 de agosto de 2006, hacia las 11 de la noche, el Sr. Carlos Arturo Montes Bonilla, activista sindical afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), fue asesinado en momentos en que llegaba a su casa de habitación ubicada en la zona norte de la ciudad de Barrancabermeja. Según las informaciones, el Sr. Montes Bonilla venía participando en las actividades de denuncia contra la multinacional Coca-Cola y en las actividades sindicales en el mencionado puerto petrolero.
Se ha conocido también que al día siguiente, 18 de agosto del 2006, en las horas de la mañana fue dejado una tarjeta de condolencia por los muertos en la residencia del Sr. Héctor Jairo Paz, trabajador de Nestlé de Colombia S.A. y directivo de SINALTRAINAL-Seccional Bugalagrande, Departamento del Valle. En la tarjeta apareció la leyenda: "Muerte a sindicalistas". Según las denuncias, hace tan solo 10 días otro miembro de la Junta Directiva de la misma seccional, cuyo nombre no ha sido informado, fue también amenazado en momentos en que los miembros del mismo sindicato realizaban una protesta pacífica frente a las instalaciones de Nestlé en las ciudades de Bugalagrande y Bogotá, debido al despido injustificado de noventa trabajadores provisionales y cuatro trabajadores con contrato a termino indefinido, afiliados a SINALTRAINAL.
Por otra parte, el Observatorio ha conocido también que el 15 de agosto de 2006, aproximadamente a las 5 y media de la tarde, la Sra. Martha Cecilia Díaz Suárez, Presidenta tanto Departamental como de la Subdirectiva Bucaramanga de la AsociaciónSantandereana de Servidores Públicos (ASTDEMP), fue abordada por sujetos desconocidos que se movilizaban en un vehículo particular, quienes tras intimidarla manifestándole que le tenían retenida a una de sus hijas, le obligaron a subir en el vehículo y la llevaron a un paraje de la vía circunvalar que une los municipios de Girón y Florida Blanca.
Después de insultarla, le preguntaron por los Sres. David Flórez y César Plazas, Presidente y Tesorero de la mencionada subdirectiva, y la golpearon brutalmente, reclamándole que se defendiera y peleara: "así como es machita para las protestas". En medio de las agresiones le mostraban, además fotos de ella misma, de su participación en protestas legales y le mostraban las fotos de su hija afirmando que ya había sido asesinada. En un momento dado, le hicieron dos disparos de bala que le rozaron el abdomen y que dejaron huella de la pólvora en su blusa.
De acuerdo con las informaciones recibidas, como consecuencia del ataque de que fue víctima, la Sra. Martha Cecilia Díaz Suárez presenta entre otras heridas, hematomas en los dos ojos y en el maxilar superior que fue desviado a la izquierda.
Se ha informado además, que no es el primer caso de agresión física y de amenazas contra la Sra. Martha Cecilia Díaz Suárez. Anteriormente ella fue golpeada y amenazada cuando se desplazaba al municipio de la Mesa de los Santos a una reunión de negociación del pliego de peticiones con el alcalde de ese municipio, y también, en días pasados recibió amenazas a través de llamadas a su teléfono celular y fue seguida por un individuo que se desplazaba en moto.
El Observatorio conoció también que la Sra. Vilma Cecilia Salgado Benavides, Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja (ASODESAMUBA), fue secuestrada en esa ciudad el 13 de agosto de 2006. Fue retenida durante tres días y sometida a malos tratos y actos de tortura física y psicológica, para finalmente ser abandonada en delicado estado de salud, cerca de la carretera que conduce a Puerto Wilches. La dirigente social fue conducida luego a un centro médico.
El Observatorio también ha sido informado de otra parte, sobre los actos de persecución judicial en contra del Sr. Bayron Ricardo Góngora Arango, abogado y miembro de la organización Corporación Jurídica Libertad. En efecto, funcionarios de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, adscritos al Cuerpo Elite Antiterrorista (CEAT), se han entrevistado con detenidos procesados por delitos políticos, presionándoles para que declaren en contra del Sr. Bayron Ricardo Góngora Arango y lo incriminen de pertenecer a una agrupación subversiva, con el fin de obtener un proceso judicial en su contra. En algunas entrevistas, los policías han manifestado que pueden manejar esa información de manera confidencial y proceder mediante vías de hecho.
Estos hechos son una respuesta a la participación activa del Sr. Bayron Ricardo Góngora Arango, junto a un grupo de colegas, en la defensa judicial de 15 estudiantes de la Universidad de Antioquia acusados de ser los autores de la explosión ocurrida al interior de este centro de educación superior, en momentos en que se realizaba una protesta contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) el 10 de febrero de 2005.
Dentro de ese proceso penal, los abogados denunciaron ciertas irregularidades, en particular la injerencia indebida del Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra para lograr que el proceso fuera instruido por la Fiscal delegada ante el CEAT y que la investigación fuera conducida por la policía judicial destacada ante ese mismo cuerpo armado, lo que significaba una clara violación de la independencia judicial.
Los abogados de la Corporación Jurídica Libertad también han actuado en otros casos penales seguidos en la Fiscalía Delegada ante el CEAT, tales como la investigación iniciada contra los integrantes del grupo musical "Pasajeros" o contra un grupo de sociólogos de la ciudad de Medellín, ambos por el delito de rebelión y que terminaron con preclusión de la investigación.
El Observatorio destaca que estos hechos son parecidos a los ocurridos en el año 2004, cuando la Fiscalía Seccional delegada ante la Cuarta Brigada del Ejercito inició una investigación en contra de integrantes del Colectivo de Derechos Humanos "Semilla de Libertad", Colectivo que agrupa varias organizaciones de derechos humanos entre ellas la Corporación Jurídica Libertad, en la cual se pretendía imputar al Sr. Bayron Ricardo Góngora Arango la calidad de guerrillero de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC). En razón de esta investigación, varios detenidos políticos fueron visitados en los centros de reclusión y presionados a declarar en contra del Sr. Bayron Ricardo Góngora Arango, bajo la promesa de obtener beneficios jurídicos.
Señor Presidente,
El Observatorio condena estos actos de hostigamiento de los defensores de los derechos humanos en Colombia y solicita a las autoridades gubernamentales municipales, departamentales y nacionales tomar las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas arriba mencionadas y en general de todos los defensores de derechos humanos y de derechos sindicales en Colombia. El Observatorio urge a investigar de manera independiente e imparcial los hechos mencionados, para que los autores de los mencionados actos de violencia sean identificados, juzgados y debidamente sancionados.
El Observatorio urge al Gobierno de la República de Colombia a que garantice el derecho a la libertad de promover la protección y realización de los derechos humanos, y a cumplir con su compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos tal como está previsto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.
Confiando en su apego por los derechos humanos, nos suscribimos de usted muy atentamente,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT