La FIDH reafirma una vez más su condena a los actos de terrorismo que han provocado un elevado número de muertos en Colombia. En este contexto, la lucha contra el terrorismo y a favor de la seguridad de los colombianos constituye no solo un derecho sino un deber del Estado. Sin embargo, resulta inadmisible que el gobierno de Colombia pretenda resolver el conflicto colombiano mediante la restricción de las libertades fundamentales y de las garantías democráticas.
El Acto legislativo 223, por medio del cual se modifican los artículos 15, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia, para enfrentar el terrorismo, podría permitir la interceptación o registro de comunicaciones y las detenciones o registros domiciliarios sin orden judicial. A través de la modificación del artículo 250 de la Constitución, se posibilita la creación de Unidades Especiales de policia judicial compuestas por miembros de las Fuerzas Militares, el DAS o la Policia Nacional para investigar los delitos o acusar a los presuntos infractores, otorgando así funciones de policía judicial a las fuerzas armadas.
Además, según el texto, si no se expide una ley estatuaria que reglamente la forma en que deben restringirse estos derechos, esta determinación podría realizarse mediante decreto, lo que viola el artículo 30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que unicamente permite la restricción de derechos mediante leyes.
El gobierno de Colombia desea dar rango constitucional a tales medidas de excepción, después de que estas habían sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional el 27 de noviembre de 2002, en cumplimiento de sus funciones de control constitucional del decreto 2002 de septiembre de 2002.
La FIDH denuncia firmemente la aprobación por el Senado, y precedentemente por la Cámara de Representantes de Colombia de este Acto Legislativo que pretende reformar la constitución y que contradice los compromisos contraídos por Colombia en Materia de Derechos Humanos. En particular, debe señalarse que las recomendaciones para 2003 contenidas en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario incluyen de manera explícita la no atribución de funciones de policía judicial a las fuerzas armadas. De este modo, el Alto Comisionado « urge a tener en cuenta los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no-discriminación cuando adopten y apliquen políticas y medidas relacionadas con la seguridad y el orden público. En especial, los insta a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia. »
La FIDH insiste en que la aprobación de este Acto Legislativo no debe considerarse como un hecho aislado, sino que debe inscribirse en un contexto general de restricción de las libertades fundamentales, donde también debe incluirse la Reforma de la Constitución en materia de Justicia y en un contexto de violaciones a los derechos humanos recurrentes y sistemáticas.
De manera particular, este Acto legislativo es preocupante en cuanto el presidente de Colombia ha afirmado en repetidas ocasiones que los defensores de derechos humanos son « defensores del terrorismo », lo que implica que estas facultades excepcionales atribuidas a la fuerza pública serán muy posiblemente utilizadas, con el beneplácito público del presidente, contra los defensores de derechos humanos en Colombia.
La FIDH insta a la Unión europea, así como a todos los países donantes de Colombia reunidos en Londres en septiembre de 2003, a pronunciarse firmemente contra esta violación flagrante de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas.