El Observatorio para la protección de los defensores de derechos
humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la
Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH), desea atraer su atención acerca de la situación de seguridad
de los defensores de los derechos humanos y particularmente de los
defensores de los derechos políticos y civiles y de la democracia, en
Ecuador.
El Observatorio se encuentra seriamente preocupado por las
informaciones recibidas de varias fuentes, en particular de la
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), desde hace ya
varios meses, respecto al deterioro del clima de seguridad en que
deben realizar sus labores los defensores y los opositores políticos
ecuatorianos, quienes han sido víctimas de diferentes actos de
hostigamiento que van desde los ataques físicos hasta las amenazas de
muerte, entre otros, y por la aparente impunidad que reina entre los
responsables.
El Observatorio había sido informado además de varios atentados y
graves amenazas perpetrados en diciembre de 2004, cuando la situación
de los miembros de la sociedad civil que defienden los derechos
civiles y políticos y critican las políticas gubernamentales que los
violan ha empezado a deteriorarse. Fue el caso del Sr. Blasco
Peñaherrera Solah, dirigente gremial que sufrió un atentado el 16 de
diciembre de 2004, y de la Sra. María Paula Romo, integrante del
grupo juvenil "Ruptura de los 25", amenazada de muerte el 17 de
diciembre de 2004.
El Observatorio recuerda además el hostigamiento de que viene siendo
víctima la Fundación Mariana de Jesús, y particularmente su director
Sr. Francisco Peña. De acuerdo con las informaciones, el 2 de marzo
de 2005 el personal de la Fundación Mariana de Jesús, una
organización religiosa de ayuda y desarrollo, fue amenazado, a través
de una llamada telefónica, con hacer estallar una bomba en sus
oficinas de la capital, Quito, si el director de la organización, Sr.
Francisco Peña, no presentaba su renuncia. La Fundación denunció la
amenaza ante la policía, la cual registró el edificio pero no
encontró rastro de explosivos.
El Sr. Francisco Peña había sido atacado el 17 de febrero de 2005,
por tres hombres que dispararon contra él en un parqueadero cercano a
las oficinas de la Fundación Mariana de Jesús, después de que se negó
a entregarles los documentos y el ordenador portátil que llevaba en
su maletín. El Observatorio considera que todos los miembros de la
Fundación se encuentran en un grave peligro.
El Observatorio recuerda que el 14 de febrero de 2005, varios
policías acompañados de un representante del Ministerio de Bienestar
Social y de 10 de sus asesores irrumpieron en las oficinas de la
Fundación Mariana de Jesús, presentando un Acuerdo emanado por el
dicho Ministerio, con fecha 10 de febrero de 2005, por medio del cual
se ordena la Disolución y Liquidación de la Fundación y se nombra un
Liquidador que hiciera efectivo este Acuerdo. Según las informaciones
este Acuerdo tendría como fundamento "varias denuncias y la
presunción de que el funcionamiento de la Fundación no cuenta con una
base legal" (ver Llamado Urgente del Observatorio ECU 001 / 0205 /
OBS 014). El Acuerdo ha sido revocado tras la intervención de varias
organizaciones nacionales e internacionales denunciando la
arbitrariedad de tal medida.
El Observatorio también señala con preocupación el hostigamiento y
las graves amenazas de que ha sido víctima el Sr. Diego Guzmán
Espinoza, activista de los derechos civiles, miembro fundador del
Observatorio de Medios de Ecuador y director del programa de radio
’Buscolíos.com’ que se transmite por Radio Sucesos de Quito. Según
las informaciones recibidas, el 1° de marzo de 2005, en horas de la
tarde, se presentaron tres personas desconocidas al sitio de trabajo
del Sr. Diego Guzmán, mostrando armas de fuego, y intentaron entrar a
la oficina del Sr. Guzmán, a la vez de otros empleados los escucharon
decir que "[iban] a corchar a Diego Guzmán". Según las informaciones,
los agresores, al no encontrar al Sr. Diego Guzmán Espinoza se
retiraron del lugar. Al día siguiente, hacia las 15h50, uno de sus
colaboradores recibió un mensaje desde un teléfono, en el que
claramente le solicitaron que dejara de criticar en su programa de
radio al régimen y le amenazaban con matarlo.
De acuerdo con las informaciones, el Sr. Diego Guzmán Espinosa ha
sufrido en los últimos tiempos varios ataques por sus críticas al
gobierno hechas ante diversos
medios de comunicación, incluyendo las amenazas con armas de fuego y
el robo de su computadora portátil en un operativo realizado por
individuos desconocidos cuando
se encontraba junto al vice alcalde de Quito Sr. Antonio Ricaurte, en
diciembre de 2004. Ahora, debido a su programa radial, las amenazas
en contra del Sr. Guzmán han
aumentado, lo que parece estar relacionado en particular a sus
críticas expresadas acerca de la cooptación del Ejecutivo a las
cortes de justicia del país. Según las
informaciones el periodista Orlando Pérez Torres, del diario "HOY", y
los directivos de Radio Bolívar de Quito, también habrían sido
amenazados de muerte.
El Observatorio ha sido además informado sobre el seguimiento y
hostigamiento de que ha sido objeto el Ing. Fidel Narváez, Secretario
Técnico de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
en Ecuador y directivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
(APDH). El 5 de
febrero de 2005, un vehículo siguió el Sr. Narváez frente a su
vivienda y el 7 de febrero dos individuos no identificados llegaron
ha su casa supuestamente en el mismo
automóvil, y al no encontrarlo golpearon la puerta. El Sr. Narváez
había hecho diversas denuncias, entre ellas las mencionadas en la
presente.
El Observatorio, seriamente preocupado por esta grave situación de
los defensores de los derechos humanos en Ecuador y con el fin de
contribuir a mejorar su situación,
urge a que se tomen todas las providencias oportunas para garantizar
su seguridad y su integridad física y psicológica, otorgándoles las
medidas de protección necesarias
para el ejercicio de su trabajo, e insiste en la necesidad de llevar
a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a
los hechos arriba mencionados en
contra de los Sres. Francisco Peña, Diego Guzmán Espinoza, Blasco
Peñaherrera Solah, María Paula Romo, Antonio Ricaurte, Orlando Pérez
Torres y Fidel Narváez
entre otros, con el fin de llevar a juicio los responsables de las
amenazas y agresiones y aplicarles las sanciones penales, y/o
administrativas previstas por la ley.
El Observatorio además, teniendo en cuenta que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA), en el
informe que fue notificado a la Cancillería el 28 de febrero de 2005,
fecha en la que se le remitió a la Procuraduría General del Estado,
solicitó medidas cautelares de
protección para los Sres. Orlando Pérez, Diego Guzmán, Blasco
Peñaherrera Solah, María Paula Romo, Antonio Ricaurte y Paco Velasco
(director de radio La Luna),
entre otros y requiere además información sobre la situación de
periodistas como Carlos Vera y Diego Oquendo, insta a las autoridades
de su país a implementar los
mecanismos necesarios para cumplir con esta recomendación de la CIDH.
De manera general, el Observatorio recuerda que Ecuador, de acuerdo
con la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea
general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de
proteger el Derecho de toda persona " individual o colectivo,
promover la protección y el respeto de los
derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano
nacional como internacional y a esforzarse por ellos " (Art.1), y de
garantizar " la protección de toda
persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o
cualquier otra acción arbitraria del
ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente
Declaración " (Art.12.2). Tales obligaciones del Estado se encuentran
igualmente proclamadas por la
resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas
[AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la OEA el 7 de junio de
1999.
Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopte
de inmediato las medidas más oportunas, muy respetuosamente, nos
suscribimos ante usted,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT