El 8 de julio de 2004, casi 8 años después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, se dictó por primera vez una condena contra un grupo de militares responsables de una masacre. El Tribunal de sentencia de Cobán (Alta Verapaz) condenó así a 10 años de prisión inconmutable a un subteniente del ejército y a 13 soldados, acusados de haber participado en la masacre de Xamán. Se trata de un avance en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
Sin embargo, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), no puede más que mostrar su escepticismo por el sistema de justicia en Guatemala ya que acaba de publicar un informe sobre la impunidad en Guatemala cuyas conclusiones resaltan un clima mucho mas preocupante. Este informe es el resultado de una misión, realizada con la cooperación de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) que tuvo lugar en septiembre de 2003 y estuvo compuesta por Antonia Macías Hernández, abogada integrante del Equipo Nizkor, y Reinaldo Villalba Vargas, abogado miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Dicha misión culminó en un informe de misión titulado "Guatelama: Violación flagrante al derecho a la justicia".
Dicho informe resalta que el Estado de Guatemala sigue incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales en relación a la lucha contra la impunidad masiva y sistemática que reina en este país, en particular en lo que se refiere a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
El Estado guatemalteco no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el acceso a una justicia rápida y eficaz, ni para asegurar la independencia e imparcialidad judicial.
Si bien los casos emblemáticos de Myrna Mack y Monseñor Gerardi se tradujeron en condenas a miembros del Estado Mayor presidencial en 2002 y 2001 respectivamente, la FIDH señala que tales avances son muy precarios. La sala cuarta de la Corte de Apelaciones de Guatemala emitió una sentencia absolutoria mediante la que se libera a los imputados en el caso Myrna Mack y en el caso Gerardi. Afortunadamente, la Cámara penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ratificó la sentencia contra los responsables del asesinato de Myrna Mack. Sin embargo, el coronel Juan Valencia, primer militar de alta graduación condenado a prisión pudo escapar, debido a la lentitud en la emisión de la nueva orden de captura.
El informe también expresa una preocupación particular por el escaso acceso a la justicia de la población indígena y de las mujeres y por la dramática situación de inseguridad de los operadores de justicia y de los defensores de derechos humanos.
Las conclusiones de la misión demuestran que para poder combatir la impunidad, las autoridades guatemaltecas deben implementar las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y de adecuar la legislación interna al marco del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, se recomienda :
– el fortalecimiento de la carrera judicial (garantía de los cargos de jueces y fiscales; creación de un órgano ad hoc en materia disciplinaria, etc..), lo que requiere una reforma constitucional. En particular se insiste en la necesidad de eliminar el límite de cinco años de permanencia en el cargo.
– el incremento de la asignación presupuestaria a las instituciones civiles que conforman el sistema de justicia (Policía Nacional Civil, Organismo judicial y Procuraduría de Derechos Humanos) lo que implica recursos en particular para la lucha contra la segregación racial, la cobertura judicial de todo el territorio nacional y la formación continuada de los operadores judiciales.
– la depuración del sistema de justicia con el propósito de combatir la corrupción y la influencia de los grupos paralelos de poder. Esta depuración es tanto mas necesaria si se considera que en Guatemala la corrupción en el sistema de administración de justicia es intensa y generalizada (entre algunos ejemplos se encuentra la financiación de partidos políticos, el trafico ilegal de personas, etc...) y que los grupos paralelos de poder han impermeado todas las estructuras e instituciones del Estado, incluida la justicia.
Finalmente, la misión estima que la situación es tal que se requiere apoyar iniciativas similares a la Comisión Investigadora de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos (CICIACS), cuyo objetivo es un apoyo internacional al sistema de justicia en Guatemala.
La FIDH y sus organizaciones miembro en Guatemala presentarán este informe al presidente de la República de Guatemala y ante todas las autoridades competentes solicitándoles que cumplan en el más breve plazo con las recomendaciones señaladas, con el objetivo de contribuir a mejoras concretas en el sistema de administración de la justicia.