El pasado 8 de julio, los integrantes de la comunidad retornada de Pitalito, ubicada entre los municipios de Chimichagua y Curumaní en el departamento del Cesar, tuvieron conocimiento de una orden de desalojo emanada por el Alcalde de Chimichagua.
En mayo de este año, 17 familias retornaron voluntariamente a las tierras que habían tenido que abandonar en junio de 2010 a raíz de actos violentos en su contra, perpetrados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, empresario palmicultor, dueño de la empresa Orlandesca, afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA). Previamente, el empresario habría obligado, por medio de las armas, a los integrantes de la comunidad a venderle sus tierras a un precio irrisorio, que no correspondía en nada a su valor real según lo han dado a conocer las propias víctimas.
Pese a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía general de la Nación y la Defensoría Regional del Pueblo, no se ha tenido conocimiento de avances significativos en la investigación de los hechos, y las autoridades locales y departamentales competentes no han reconocido la condición de desplazados de los integrantes de la comunidad, alegando que se había producido un negocio legal, sin considerar las presiones a las que éstos habrían sido sometidos por parte del empresario.
Desde su retorno hace menos de dos meses, las 17 familias de la comunidad de Pitalito han observado repetidos actos de vigilancia tanto por parte de integrantes del Batallón Especial Energético y Vial N°3 adscrito a la Décima Brigada como de trabajadores del empresario Juan Manuel Fernández de Castro, quien está por otra parte deslegitimando a la comunidad y a sus acompañantes, acusándolos de ser miembros de la guerrilla. Adicionalmente, el empresario presentó, a finales de junio, una denuncia penal contra varios campesinos y organizaciones que vienen acompañando a la comunidad, por desplazamiento forzado y concierto para delinquir, entre otros, delitos por los cuales la misma comunidad lo denunció tres años atrás.
«Ante el riesgo inminente que representa esta orden de desalojo para los integrantes de la comunidad de Pitalito, exigimos a las autoridades colombianas a que protejan y garanticen los derechos de las personas que retornan, cumpliendo con las disposiciones contempladas en la Ley N°1448 de Víctimas y Restitución de Tierras», asertó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Considerando que la adquisión de tierras por parte del empresario se realizó de manera forzosa y bajo coacción, la FIDH recuerda que el artículo 74 de la Ley N°1448 de Víctimas y Restitución de Tierras dispone que «se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia».
A dieciocho meses de la implementación de esta ley, menos del 1% de las tierras reclamadas han sido restituidas [1], y persiste la existencia de un estado inconstitucional de cosas con relación a la situación de la población desplazada. Según la Corte Constitucional, entre 2012 y 2013, se han producido 150 nuevos actos de desplazamiento masivo en 15 departamentos [2], y de acuerdo con lo señalado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados, en el año 2012 Colombia alcanzó un promedio de 4.9 y 5.5 millones de personas desplazadas, pasando a ser el primer país del mundo con el mayor número de desplazados internos [3].
Dicho lo anterior, la FIDH insta a las autoridades colombianas competentes a reconsiderar la orden de desalojo contra la comunidad retornada de Pitalito, de manera a evitar la revictimización de sus integrantes y a garantizar su retorno pacífico y duradero. Asimismo, la FIDH solicita que se tomen las medidas más adecuadas para garantizar su integridad física y psicológica así como la de los miembros de las organizaciones que la acompañan, y que se ponga fin al hostigamiento, incluso a nivel judicial, en su contra.