Esta misión ha presentado una Carta abierta a las autoridades judiciales españolas en
solidaridad con el Juez Baltasar Garzón ante la querella por los crímenes del
franquismo. Dicha iniciativa ha sido avalada por 59 organizaciones de derechos humanos
de numerosos países y por más de 150 juristas, abogados, jueces, académicos y
defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades.
La misión de solidaridad ha estado compuesta por el Sr. Louis Joinet, Abogado General
Emérito de la Corte de Casación francesa, antiguo experto de las Naciones Unidas y
antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad, el Sr.
Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la FIDH, y el Sr. Francisco
Soberón, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH - Perú).
La misión ha solicitado que se sobresea el proceso penal abierto por un presunto delito
de prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón, por ser la actuación del Juez Garzón
conforme al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos.
La misión también ha requerido que se dé a conocer que la Ley de Amnistía de 1977 no
se aplica a crímenes de lesa humanidad y que el Estado español cumpla con la
obligación que tiene pendiente de investigar estos crímenes cometidos durante la
dictadura franquista, en particular los crímenes de desaparición forzada.
La carta presentada muestra la perplejidad de los firmantes frente al auto de 3 de febrero
de 2010 del magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la causa
especial contra el Juez Baltasar Garzón, que decidió continuar la investigación judicial
manteniéndolo como imputado de un presunto delito de prevaricación judicial. Según la
querella abierta contra el Juez Garzón, éste habría “prevaricado” al asumir la
competencia para investigar crímenes del franquismo. Se le acusa de ignorar
conscientemente la ley de amnistía de 1977, el principio de la irretroactividad de la ley
penal, el principio de legalidad y la prescripción de la acción penal.
Resulta desconcertante la utilización del tipo de prevaricación judicial en contra del Juez
Baltasar Garzón, puesto que “el operador judicial siempre tiene un margen de
interpretación en la aplicación de la ley y, si lo hace a favor de las obligaciones del Estado
en derechos humanos, sus actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o
antijurídicas, so pena de afectar los principios básicos de la administración de justicia
penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a todo tipo de crímenes y en
particular frente a aquellos que revierten el carácter de internacionales”, tal y como
declaran los firmantes de la carta.
También los firmantes recuerdan que es un imperativo de justicia que España salde su
deuda pendiente con las víctimas de la dictadura franquista y con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.
La misión ha tenido conocimiento igualmente, de otras querellas abiertas contra el Juez
Baltasar Garzón [1], en asuntos que cuestionan también su interpretación de la ley penal.
Lo común frente a las decisiones de los operadores judiciales es que las mismas se
cuestionen, anulen, cambien o confirmen a través de los recursos ordinarios disponibles.
Acudir a la persecución penal del Juez para sancionar lecturas diferentes en la aplicación
de la ley, sienta un peligroso precedente que afecta la independencia de los jueces, pilar
esencial de la administración judicial en una democracia y en un Estado social de
derecho.
La misión ve con preocupación que estas querellas tienden a minar la credibilidad del
juez, su honorabilidad y su compromiso profesional y que por su concurrencia pueden
dejan entrever una persecución orquestada por intereses distintos a los de la búsqueda
de justicia. La misión ha preguntado cuántos operadores judiciales en España han sido
objeto de persecución penal por presuntas prevaricaciones judiciales al tener criterios
diferentes en la aplicación de la ley penal. Las querellas contra el Juez Garzón
mostrarían un afán sin precedentes en su admisibilidad, que nos dejan serias dudas
sobre las motivaciones en que se fundamentan las causas en su contra.
Finalmente la misión y los firmantes han manifestado su reconocimiento al Juez Baltasar
Garzón por su actuación en favor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación aún más allá de las fronteras de España, convirtiéndose en un importante
baluarte que en los últimos años ha hecho evolucionar el derecho penal internacional.
Para mayor información, por favor contacten:
· FIDH: Gaël Grilhot / Karine Appy: + 33 1 43 55 25 18
· OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39