Desde principios de abril, varios miles de personas provenientes de más de cincuenta etnias amazónicas, vienen protestando para exigir la derogación de los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083 y 1089 y la Ley de Recursos Hídricos,que consideran vulneran sus derechos tanto por su impacto sobre el medioambiente como por la falta de consulta para su promulgación, en violación de las obligaciones internacionales del Perú contenidas en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Los indigenas amazónicos piden también que el gobierno les consulte las decisiones que tome respecto a sus territorios y especialmente que se suspendan las concesiones a empresas petroleras, gasíferas, mineras, turísticas y madereras en los territorios de los pueblos indígenas. Exigen que se lleve a cabo una reforma constitucional para restituir el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios comunales. Tal reforma, que estuvo presente en los textos constitucionales peruanos entre 1933 y 1993, permitiría garantizar un mayor respeto del Convenio 169, el cual obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas interesados "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" (art. 6) y previamente a la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras (art. 15).
Por lo tanto, la FIDH respalda el llamado público realizado por los obispos amazónicos en el cual se solidarizan con los pueblos indígenas y piden también que dichos Decretos Legislativos sean derogados.
La FIDH urge el gobierno a dar una respuesta positiva a los pedidos de diálogo realizados por los pueblos indígenas y a no optar por soluciones represivas. Por eso pide al gobierno peruano levantar el Estado de Emergencia que se ha dispuesto en diversas provincias amazónicas. La FIDH llama también el Congreso a que derogue todos los Decretos Legislativos adoptados sin que se hubiera realizado las debidas consultas previas a los pueblos indígenas que se ven afectados por aquellos.
La FIDH recuerda igualmente al gobierno peruano que firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que complementa las obligaciones internacionales del Estado peruano en la materia, donde se establece: "…La urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos".