A pesar de los esfuerzos de conciliación llevados por la OEA y por el premio Nobel de la paz Oscar Arias, en los últimos días el gobierno de facto ha demostrado una vez más su falta de voluntad de encontrar una salida dialogada y pacífica a la situación provocada por el golpe de Estado, negándose a restablecer en el gobierno al presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya e incrementando la represión.
Los golpistas se comprometieron a derogar el decreto 016-2009 que suspendía las garantías constitucionales (entre ellas la libertad de expresión y de movimiento) durante 45 días, emitido tras el regreso al país del presidente Zelaya. Sin embargo, esa decisión no ha sido publicada en el Diario Oficial y los golpistas siguen amparándose en este decreto para mantener la censura, represión y uso excesivo de la fuerza contra los opositores al régimen.
Por otra parte, el gobierno de facto ha adoptado y publicado un nuevo acuerdo ejecutivo (124-2009) que instruye la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a revocar o cancelar los permisos o licencias a emisoras de radio y televisión que emitan mensajes "que generen (…) un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y los derechos humanos". Más allá de la derogación del decreto 016-2009 (derogación que aún, ni siquiera formalmente, no ha tenido lugar), el gobierno golpista no tiene ninguna intención de restablecer una de las garantías constitucionales más fundamentales: la libertad de expresión.
Además, la represión continúa y se sigue amenazando y persiguiendo a todos aquellos que expresen públicamente su rechazo al golpe de Estado. En este sentido, se ha secuestrado, torturado y amenazado a periodistas y políticos próximos al presidente Zelaya; se han emprendido acciones disciplinarias contra jueces que han manifestado su oposición al golpe de Estado; la polícia ha continuado lanzando bombas lacrimógenas, disparando balas de goma y golpeando a los manifestantes concentrados ante las embajadas de Guatemala y Estados Unidos, entre otras acciones.
Por lo tanto y en virtud de todas estas violaciones de derechos humanos que persisten en Honduras, las condiciones no hacen viable que este proceso electoral tenga legitimidad ni reconocimiento por la comunidad internacional, así lo ha establecido el Secretario General de la ONU, el gobierno de los EEUU y la OEA.
Por todo ello, la FIDH valora las reacciones de la Unión Europea e insta a la misma a:
Que declare que, ante las condiciones en las que se encuentra Honduras, bajo un régimen dictatorial, la Unión Europa no reconoce el proceso electoral en curso, ni el eventual resultado de las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre.
Que mantenga su exigencia de restitución del presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya, como requisito indispensable para el restablecimiento del orden democrático en Honduras.
Que reafirme su condena ante las continuas violaciones de derechos humanos que se suceden en el país y la falta de avances por parte del gobierno golpista para lograr una salida pacífica.
Que invite de nuevo a la expulsión de territorio de la UE a todos los miembros del cuerpo diplomático hondureño que apoyan el golpe de Estado y, establezca restricciones migratorias para con las autoridades y empresarios que apoyan el gobierno de facto.
Que apoye la labor de monitoreo sobre la situación en Honduras que ha emprendido el Fiscal de la Corte Penal Internacional y lo llame a profundizar su accionar preventivo.
Atentamente,
Souhayr Belhassen,
- Presidenta de la FIDH
