Entre los temas que más le preocupan a la FIDH incluídos en el Memorándum se encuentran :
La situación de los desplazados. Las ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas de Seguridad en particular las afirmaciones del Relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Profesor Alston:“He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada[ ....] Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ella. [ ....] La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.”
La situación de los pueblos indígenas y en particular la recomendación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor S. James Anaya: « Se urge al Estado a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico». Las actividades criminales del DAS : para recoger la magnitud y gravedad del asunto, la FIDH ha realizado un informe acablante sobre el caso DAS que será publicado el 19 de Mayo 2010.
Sobre este tema el Informe anual de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia1 señala que:
« En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales. [ ....] Las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. [ ....]La autoría parece haber recaído en estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía para obtener, administrar e intercambiar información y disponer de recursos humanos, técnicos y económicos de la misma institución. En algunos casos, incluso los esquemas de protección a cargo del DAS fueron utilizados para obtener información de las personas protegidas. »
Por todo esto resulta evidente que la situación de derechos humanos en Colombia deja mucho que desear. Si bien se pueden tomarse datos aislados para instrumentalizarlos con el objetivo de apreciar mejoras en algunos aspectos parciales, la situación global que se desgaja del conjunto deja patente una clara vulneración de derechos y libertades que debería bastar para impedir la conclusión de un tratado de libre comercio.
Consecuentemente, la FIDH solicita urgentemente a los países miembros de la UE que tomen posición al respecto y que condicionen la firma de este Tratado hasta que el Estado colombiano responda a sus obligaciones en materia de derechos humanos con políticas efectivas en la práctica y no únicamente sobre el papel.
