El pasado viernes 25 de septiembre, las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras atacaron con substancias áltamente tóxicas la embajada de Brasil, donde sigue refugiado el Presidente Zelaya, acompañado por familiares y seguidores. Estos ataques provocaron hemorragias, nauseas, dolor abdominal, dificultades respiratorias, etc. en las personas que se encontraban en la embajada. El uso de esta substancia es producto de tecnología militar, prohibida por los tratados internacionales.Todo ello tuvo lugar a pesar de la condena ese mismo día por parte del Consejo de Seguridad de estos "actos de intimidación" y el llamamiento a cesar el acoso a quienes se encuentran refugiados en el recinto de la embaja brasileña. Micheletti ha impuesto también un ultimatum al gobierno de Brasil de 10 días para que defina la situación de Zelaya, tras los cuales, en caso de que no haya habido una aclaración, el gobierno de facto amenaza con tomar " medidas extraordinarias". Dicho ultimatum ya ha sido rechazado por el gobierno de Lula, por lo que la tensión entre los dos gobiernos va en aumento.
Además, durante este fin de semana, el gobierno de facto ha impedido la entrada al país de 4 representantes de la OEA que intentaban llegar a Tegucigalpa para mediar en esta situación. Tampoco va a permitir el regreso de los embajadores de España, Argentina, México y Venezuela, que tenían previsto volver al país en los próximos días, después de la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) de hacer regresar a los jefes de misión que abandonaron Honduras tras el golpe de Estado. Por otra parte, los funcionarios de las embajadas que mantienen relaciones a nivel de misiones concurrentes, tienen restringidos sus privilegios diplomáticos y deben retirar sus banderas.
Por último, el gobierno de facto de Micheletti ha suspendido cinco de las más importantes garantías constitucionales a través de un decreto ejecutivo (PCM-M-016-2009) aprobado en una reunión del consejo de ministros del pasado 22 de septiembre pero que no se dio a conocer hasta ayer. Las garantías suspendidas durante 45 días (periodo del nuevo estado de sitio establecido) son: libertad personal, libertad de expresión, libertad de asociación y de unión, libre circulación y los derechos de los detenidos. Las medidas ya se han empezado a aplicar y en las últimas horas se han cerrado varios medios de comunicación hostiles al gobierno de facto tales como Radio Globo y el Canal 36, a quienes se les ha decomisado el material de trabajo y cuyos periodistas están amenazados.
No hay que olvidar que este estado de sitio de 45 días coincide con el período de campaña electoral, lo que es una nueva razón para no reconocer el resultado de este proceso electoral celebrado en un contexto de libertades suprimidas.
Todas estas suspensiones de las garantías constitucionales, el ultimatum al gobierno de Brasil, la persecución a los medios de comunicación así como la prohibición del regreso de los diplomáticos y el retiro de sus banderas en sus sedes no hacen sino confirmar la voluntad de Micheletti de endurecer el régimen y no querer contar con testigos de lo que está sucediendo y va a suceder en el futuro en el país.
En este contexto, donde la situación democrática y de los derechos humanos es cada vez más crítica, la FIDH solicita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reacción firme y urgente que:
reafirme la petición al gobierno de facto de Honduras el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en lo referente a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas reaccione de forma inmediata y firme ante este agravamiento de la situación en Honduras y la amenaza a la embajada de Brasil, condenando el golpe de Estado y tomando las medidas necesarias y oportunas que estén a su mano para lograr el restablecimiento del orden democrático y el cese las violaciones a los derechos humanos afirme que el proceso electoral, en el contexto presente y bajo estas condiciones, no debe ser considerado como legítimo o válido haga un llamamiento al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, del que Honduras es parte, para que investigue si se ha cometido un crimen de persecución política y que tome todas las medidas posibles para impedir la comisión de nuevos crímenes en Honduras.
