Huelva, en Andalucía, donde se cultiva la fresa de manera intensiva, destinada a la exportación precoz hacia los mercados europeos, atrae durante algunos meses del año a una abundante mano de obra temporera (más de 50.000 personas), constituida mayoritariamente por trabajadoras inmigrantes. Las condiciones económicas, de competencia y venta de los productos incitan a los productores a reducir al máximo sus gastos y en particular los costos de la mano de obra.
El informe de investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentado hoy y titulado « Importación de Mano de obra para la exportación de fresas » que trata de la situación de los trabajadores temporeros en las plantaciones del Sur de España, destaca las violaciones a los derechos humanos conllevadas por este modelo de migración circular.
Con el fin de cubrir las necesidades de mano de obra de un sector poco atractivo para los trabajadores, incluso en un periodo de desempleo importante, así como regular los flujos migratorios, el gobierno español ha adoptado el sistema de la contratación en origen. Este sistema consiste en contratar en sus países de origen a miles de personas que son transportadas y luego repartidas entre las plantaciones. Ante cualquier contratación, los trabajadores se comprometen a regresar a su país al término de su contracto.
A partir del ingreso de Polonia, Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, que ofrece a los trabajadores de estos países la libertad de circulación, la contratación en origen afecta solamente a trabajadoras marroquíes. Los criterios para la selección en Marruecos - mujeres casadas y con hijos a cargo – deben supuestamente garantizar que regresen a su país y prevenir que intenten prolongar su estancia en suelo europeo.
Al conjugarse con un marco jurídico poco protector de los trabajadores agrícolas temporeros en Andalucía, en el cual los días no trabajados no se remuneran y la representación sindical de estos trabajadores resulta casi imposible, este sistema de migración circular induce a la vulneración de los derechos de los trabajadores que son totalmente dependientes de su empleador.
Al crear numerosos obstáculos a la inmigración a pesar de que existan escasas posibilidades de trabajo legal, la política migratoria de la Unión europea y en particular la de España, coloca a los inmigrantes en una situación de gran vulnerabilidad frente a los empleadores e intermediarios, además de obstaculizar el derecho a una vida familiar normal. Esta situación es el resultado del sistema de inmigración circular, modelo promovido por la Unión Europea con el fin de cubrir las necesidades de mano de obra de Europa, garantizando al mismo tiempo que los inmigrantes no se permanezcan en suelo europeo.
Recomendaciones claves :
Con el objetivo de fortalecer la protección de los trabajadores agrícolas temporeros, la FIDH insta el gobierno español a:
- Propiciar la obtención de permisos de residencia permanentes para los trabajadores temporeros así como el traslado de sus familias al territorio español;
- Reformar el Derecho Laboral y, en especial, el Convenio Colectivo del Campo con miras a consolidar el respeto de los derechos otorgados a los trabajadores del campo;
- Intensificar las inspecciones laborales;
- Ratificar el Convenio Internacional de las Naciones Unidas relativo a la protección de todos los trabajadores inmigrantes y de los miembros de sus familias
La FIDH pide al gobierno marroquí poner fin a los criterios discriminatorios durante la contratación ; y a ambos gobiernos hacer lo necesario para garantizar a los trabajadores temporeros que han regresado a Marruecos los derechos al subsidio de desempleo y a la pensión de jubilación.
La FIDH en su informe también recomienda a las empresas de la gran distribución para que velen por el respeto de los derechos humanos en su relación con sus proveedores.
La FIDH recomienda al Parlamento europeo modificar la propuesta de «Directiva sobre Trabajo Temporero» con el fin de aumentar el nivel de protección y de acceso a los derechos de esta población, fomentando la igualdad de trato, la no discriminación y las condiciones de trabajo y vivienda decentes y la protección social. Por último, la FIDH solicita a la Union europea revisar su política migratoria bajo un enfoque basado en los Derechos Humanos y en los principios de no discriminación e igualdad de trato.
Informe en español :
