El 31 de agosto de 2011, el Ministro de Defensa Daniel Mora Zevallos afirmó que Perú debía «llegar a una solución de punto final y reconciliación del país», refiriéndose a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
“Estas declaraciones, además de constituir una intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, constituyen un precedente grave en la medida en que evidencian la continuación de la búsqueda de la impunidad”, explicó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. “Es una paradoja que en el momento en que países como Argentina y Chile están juzgando a decenas de responsables de crímenes de lesa Humanidad cometidos durante las dictaduras, Perú esté hablando de ’punto final’”, agregó.
En el 2010, bajo el gobierno de Alán García, la aprobación del decreto legislativo N° 1097 - luego derogado gracias a la presión ejercida por la sociedad civil - ya constituía un intento de promoción de la impunidad. Ante este nuevo planteamiento por parte del Ministro de Defensa, la FIDH recuerda que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la sentencia emitida el 14 de marzo de 2011 en el caso Barrios Altos, establece como ’inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos”.
Asimismo, la FIDH solicita a las autoridades peruanas sentar una posición clara reiterando su compromiso hacia la justicia y la memoria, así como a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reparación, contribuyendo a «la recuperación moral, mental y física de las víctimas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas en el Perú en el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000», y garantizando su derecho a la verdad, justicia y reparación.