Señor Presidente,
Nos dirigimos a Usted desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en la oportunidad de expresar nuestra profunda preocupación por la obstaculización a la labor que la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) viene realizando en las cárceles del país y el recrudecimiento de las amenazas, agresiones y señalamientos en contra de sus integrantes.
Según las informaciones recibidas, desde el pasado 12 de junio y hasta el 22 de agosto de 2012, todas las solicitudes de la FCSPP para ingresar a las cárceles, 58 en total, han sido rechazadas por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), bajo el argumento de una restructuración de dicha entidad. Pese a su condición legal de colaborador externo, desde hace varios años, la FCSPP se enfrenta a dificultades para acceder a las cárceles, por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010 solicitó al Estado colombiano concertar un protocolo de ingreso a las cárceles en virtud de las medidas cautelares otorgadas. Ante la aguda crisis carcelaria que atraviesa la mayoría de los establecimientos penitenciarios en Colombia, el Observatorio considera que la negativa actual reviste particular gravedad en la medida en que impide la protección y la defensa de los derechos humanos de los reclusos.
Esta obstaculización se enmarca en un contexto de repetidas amenazas y agresiones en contra de los integrantes de la FCSPP. Como es de su conocimiento, el pasado 4 de julio, en una amenaza de muerte recibida vía correo electrónico y firmada por el grupo paramilitar autodenominado “Ejército antirestitución” se declaró “objetivo militar” a trece defensores de derechos humanos, incluyendo los integrantes de la FCSPP Franklin Castañeda y José Humberto Torres, en contra de quienes, además, según fuentes consideradas como fiables, existirían planes de asesinato por parte de los grupos paramilitares “los Urabeños” y “los Rastrojos”, respectivamente. Asimismo, los días 20 y 27 de junio y el 9 de julio, Walter Agredo, coordinador del Seccional Valle de la FCSPP, también recibió amenazas de muerte por mensajes de texto y, en el transcurso de julio y agosto, varios miembros de la organización han sido víctimas de actos de estigmatización, señalamientos y amenazas por su labor en las cárceles. A estos hechos dirigidos en contra de la FCSPP se suman otras graves amenazas dirigidas a los líderes del sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), presuntamente por parte del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en razón de las actividades que este sindicato realizó con la FCSPP.
Adicionalmente, en las últimas tres semanas de agosto de 2012, la FCSPP ha sido víctima de varios ataques contra su página web, espionaje y robo de información. A principios de agosto de 2012, se descubrió un software espía en uno de los computadores en la oficina nacional en Bogotá, que registraba la información y la enviaba vía internet a destinos desconocidos. En este mismo período, sucesivamente, se presentaron ataques a la página web de la FCSPP, dejándola inhabilitada totalmente desde el 15 hasta el 18 de agosto de 2012. La cuenta de correo institucional de la FCSPP fue utilizada para enviar mensajes amenazantes a la persona encargada de administrar la comunicación por redes sociales en la Seccional de Antioquia, y se borraron los correos institucionales. Debe añadirse el robo, el 13 de agosto de 2012, en las oficinas de la Seccional de Atlántico, compartidas con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), de la unidad de disco duro de uno de los computadores donde se almacenaba información del trabajo de la FCSPP.
Señor Presidente, ante el recrudecimiento de los hechos cometidos en contra de la FCSPP, que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de sus integrantes, afectando gravemente su labor, y ante la ausencia de avances en las investigaciones judiciales adelantadas al respecto, las cuales suman un total de 26, encontrándose todas en etapa de indagación, el Observatorio urge a que se garantice la protección de los integrantes de la FCSPP, y a que se investigue con celeridad las amenazas, agresiones, actos de espionaje y robos en su contra con el fin de identificar y condenar a los responsables.
Asimismo, reafirmando que según lo dispuesto por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales», el Observatorio solicita que se otorgue permiso al ingreso de la FCSPP a las cárceles y que se garantice las condiciones de seguridad y privacidad necesarias para que pueda ejercer su legítima labor de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
Considerando la grave crisis carcelaria que atraviesa Colombia, y recordando que la CIDH, en el marco de las medidas cautelares dictadas a favor de la FCSPP, solicitó al Estado colombiano concertar un protocolo de ingreso a las cárceles, el Observatorio le insta, Señor Presidente, a cumplir con esta exigencia, de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia.
Agradeciendo su atención a la presente y confiando en que Usted tomará las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted muy respetuosamente.
Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH
Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT








