En particular, desde 2003, la FIDH comunicó numerosos testimonios sobre casos de civiles gravemente heridos o asesinados durante combate, de ejecuciones sumarias, de saqueos, señalando también la práctica sistemática y generalizada de violaciones sexuales, utilizada como verdadera arma de guerra. Desde entonces, la OCODEFAD, única organización de víctimas, lleva un registro de víctimas y provee apoyo físico, psicológico, social y económico a un gran nombre de mujeres, hombres, niños y ancianos, víctimas principalmente de violaciones sexuales, esclavitud sexual y embarazos forzados.
La decisión del Fiscal de la CPI de abrir una investigación sobre los crímenes llega así después de cuatro largos años de espera de víctimas que sufren doblemente de la indiferencia de la comunidad internacional y de la estigmatización al interior de la sociedad centroafricana; cuatro largos años de análisis a riesgo de pérdida de pruebas. Se debió esperar a que el Estado centroafricano remitiera la misma situación al Fiscal en diciembre de 20042, la decisión de la Corte de Casación centroafricana de abril de 2006 confirmando la incapacidad de los tribunales centroafricanos para juzgar a los autores de los crímenes más graves y remitiendo el caso a la CPI3 y el pedido de explicaciones sobre la lentitud del análisis de la situación centroafricana por la Fiscalía, realizado por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares III de la CPI4, para que el Fiscal responda finalmente a la esperanza de que una justicia independiente se atreva a romper el ciclo de impunidad.
La abnegación y el coraje de las víctimas acompañadas por la OCODEFAD, la LCDH y la FIDH le han permitido al Fiscal de la CPI tomar consciencia que los crímenes sexuales particularmente graves cometidos en RCA afectan la comunidad internacional en su conjunto y no deberán quedar sin castigo. "Por fin, los crímenes sexuales más odiosos cometidos en RCA son calificados y encuentran el inicio de una respuesta judicial!, declaró Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH. "Esperamos en particular que la apertura de la investigación tenga un efecto disuasivo sobre los autores de los crímenes internacionales cometidos todavía hoy día, agregó.
Para la FIDH la apertura de la investigación debe responder a los derechos de las víctimas centroafricanas, así como también constituir una señal preventiva eficaz frente a la repetición de los crímenes cometidos contra la población civil en el norte del país con ocasión de los enfrentamientos violentos entre las facciones rebeldes y el ejército centroafricano5.
Esta decisión era con mayor razón esperada cuanto se teme la extensión al norte de la RCA del conflicto de Darfur, limítrofe con esta última.
La FIDH, la LCDH y la OCODEFAD solicitan:
al Fiscal de la CPI: que conduzca una investigación justa y eficaz sobre todos los crímenes cometidos en 2002-2003 y desde esa fecha, y en particular sobre los crímenes sexuales; a la Secretaría de la CPI: la rápida puesta en marcha de un programa de proyección exterior para sensibilizar a la población e informar sobre el derecho de participación de las víctimas - que tome las precauciones necesarias para su seguridad - y de programas de protección de las víctimas, los testigos y también los intermediarios de la CPI; al gobierno centroafricano: que garantice la seguridad de todas las personas, víctimas, familias, responsables de ONG, susceptibles de ver su integridad física o moral amenazada en razón de la apertura de la investigación; que facilite la pronta adopción del proyecto de Código Penal y del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta en particular las medidas necesarias para cooperar con la CPI; y que coopere plenamente con todas las divisiones de la CPI en el marco de la investigación, conforme a lo dispuesto por el Estatuto de Roma; a todos los Estados Parte del Estatuto de Roma: de cooperar tanto cuanto fuere necesario con los órganos de la Corte.
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